Caracas (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN/Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró este viernes que el decomiso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y solicitado por Estados Unidos, que tildó de “robo”, viola acuerdos establecidos previamente con gobiernos extranjeros.
En declaraciones posteriores a la sesión parlamentaria en la que fue reelegido como presidente de la AN, Rodríguez aseguró que Venezuela ha sostenido discusiones con diversos gobiernos extranjeros sobre el tema del avión retenido en Argentina, y que la postura actual en torno al caso es contraria a “la palabra” acordada.
“Cualquier acción espuria de robo o apropiación indebida del avión de Emtrasur viola los acuerdos a los que hemos llegado con otros gobiernos extranjeros y la palabra de ellos dejaría de tener valor, porque ellos saben lo que dijeron sobre eso”, afirmó.
No obstante, el diputado no especificó a cuáles gobiernos se refiere ni el contenido de los acuerdos a los que se llegó con ellos.
Al ser consultado sobre la decisión del juez federal argentino Federico Villena, quien pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional, Rodríguez señaló que Venezuela “tendrá que actuar” si se concreta el decomiso.
Indicó que el Gobierno de Venezuela ha “cumplido cabal y absolutamente todo” a lo que se comprometió con la oposición y con gobiernos extranjeros en diversos procesos de diálogo y que, próximamente, presentarán los incumplimientos que, aseguró, las contrapartes han cometido.
La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Caracas advirtió que tomará “todas las medidas jurídicas, diplomáticas y políticas para salvaguardar los derechos que le asisten” y alertó a la comunidad internacional, “en especial a los países latinoamericanos”, que “cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar este robo será debidamente interpretada como un acto hostil”.
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La decisión de decomisar y entregar a EE.UU. el avión fue adoptada por un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes estimaron la procedencia de la petición de decomiso.
Los funcionarios tomaron en consideración un tratado suscrito entre Argentina y EE.UU. con el que ambos países “se comprometieron a brindarse asistencia mutua”, lo que incluye la “cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro”.
EFE
