La detención de la experta en seguridad Rocío San Miguel está vinculada a las investigaciones realizadas por el régimen relacionadas con casos de conspiración denunciados por Nicolás Maduro. Según fuentes cercanas a San Miguel, fue detenida el viernes 9 de febrero cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Simón Bolívar. Esta información fue proporcionada por El Nacional, medio nacional de Venezuela.
Las investigaciones del régimen se centran en casos de conspiración denunciados por Nicolás Maduro durante la presentación de la Memoria y Cuenta en la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero. Hasta el 24 de enero, se contabilizaban 36 personas detenidas y 22 solicitadas por la justicia venezolana, según informó el fiscal general, Tarek William Saab.
Rocio San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano. Su detención constituye un hecho MUY GRAVE que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas pic.twitter.com/bsp42P7exm
— PROVEA (@_Provea) February 11, 2024
La detención de San Miguel ha generado preocupación y denuncias por parte de diversas organizaciones. Provea, una organización defensora de derechos humanos, denunció que San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano. Esta detención, según Provea, evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el intento del gobierno de reprimir a las voces críticas.
Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón señaló que allegados a la activista desconocen su paradero a más de 24 horas de ocurrida la detención. Vente Venezuela también se pronunció, afirmando que esta acción forma parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen.
Entre los señalados por el gobierno de estar vinculados con estas conspiraciones figura la periodista Sebastiana Barráez, acusación que fue rechazada por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP). Este último denunció la detención como otro grave atentado al derecho a la libertad de expresión, la libertad de información y al debido proceso.
El CNP repudió la continuación de la criminalización hacia reporteros, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos, sin respeto al ejercicio del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y al acceso a los medios probatorios. Asimismo, señaló el incumplimiento por parte de algunos funcionarios de alto nivel de la Fiscalía y autoridades del Poder Judicial de recomendaciones o protocolos de la ONU sobre la protección de la libertad de expresión y el deber de investigar los delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos.
