Más de siete millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015; de estos, seis millones se han establecido en otros países de América Latina.
El episodio migratorio más importante de la historia de la región tiene su origen en el colapso de la economía del país, que ha dejado a los venezolanos luchando por cubrir sus necesidades básicas.
Se estima que, entre 2013 y 2021, el producto interno bruto de Venezuela ha disminuido más del 75%, el porcentaje más elevado de los últimos 50 años para un país que no está en guerra.
La pandemia de COVID-19 agravó la crisis económica y humanitaria; en 2020, más del 95% de los venezolanos vivían por debajo del umbral de pobreza.La llegada de venezolanos en busca de una vida mejor ha generado tensiones en las economías —y sociedades— de los países latinoamericanos de acogida, que ya enfrentaban presupuestos ajustados, sobre todo desde la pandemia.
Colombia, el país que ha recibido el mayor número de migrantes venezolanos, calcula que gastó unos USD 600 por migrante en 2019.
Este monto se destinó a ayuda humanitaria, salud, cuidado de niños, educación, vivienda y apoyo a la búsqueda de empleo. Con más de dos millones de recién llegados, esto significa USD 1.300 millones en asistencia.
En 2019, el costo alcanzó el nivel máximo: el 0,5% del PIB de Colombia.
No obstante, en el largo plazo, esta inversión podría reportar un incremento del PIB de hasta 4,5 puntos porcentuales para 2030 en los países de acogida, según se desprende de nuestro estudio más reciente sobre las repercusiones de la migración venezolana.
Para obtener beneficios de la migración, es necesario que los países de acogida integren a los recién llegados en la fuerza laboral formal —y también en la sociedad— mediante la concesión rápida de permisos de trabajo y el acceso a los servicios de educación y salud.
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