Acusan a propietario de cadena de noticias de televisión venezolana de presunto plan de lavado de dinero por 1.200 millones de dólares
Gorrín está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si es declarado culpable, Gorrín enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Gorrín, quien se encuentra prófugo en un caso por el que se le imputa un cargo separado, sigue prófugo.
Miami, Estados Unidos/ 24 de octubre.- Un caso de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami resultó en que el propietario de una cadena de noticias de televisión venezolana fuera acusado a nivel federal por su papel en un plan de $1.2 mil millones para lavar fondos obtenidos corruptamente de la empresa de energía estatal y controlada por el Estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA, a cambio de cientos de millones en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos.
Según documentos judiciales, entre 2014 y 2018, Raúl Gorrín Belisario, de 56 años de edad y oriundo de Venezuela, conspiró con otros para blanquear las ganancias de un plan de sobornos ilegales utilizando el sistema financiero estadounidense, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el extranjero. Gorrín y sus co-conspiradores pagaron millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos para obtener contratos de préstamos de cambio de moneda extranjera con PDVSA.
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Gorrín y sus co-conspiradores posteriormente dirigieron el lavado de las ganancias ilícitas, en parte, en el Distrito Sur de Florida, donde compraron bienes raíces, yates y otros artículos de lujo. Para ocultar el movimiento de los pagos de sobornos y fondos ilícitos, Gorrín y sus co-conspiradores utilizaron una serie de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero.
“Esta acción de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional, que trabaja contra las actividades ilegales globales con nuestros socios internacionales y nacionales, defiende de manera significativa el estado de derecho”, dijo la directora ejecutiva asociada de HSI, Katrina W. Berger. “Este caso demuestra la presencia global de HSI y nuestro compromiso de frenar el flujo de fondos ilícitos al tiempo que aplicamos las sanciones estadounidenses. También sirve como un duro recordatorio de que no se tolerarán el crimen y la corrupción”.
“Según la acusación formal, Gorrin y sus cómplices pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros de alto rango para obtener más de mil millones de dólares en ganancias ilícitas, que Gorrin y sus cómplices utilizaron para comprar yates y otros artículos de lujo en los Estados Unidos”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia.
“La presunta conducta de Gorrin enriqueció a funcionarios gubernamentales corruptos y explotó el sistema financiero estadounidense para facilitar estos delitos. Junto con nuestros socios, la División Penal sigue comprometida a garantizar que Estados Unidos no sea un refugio seguro para llevar a cabo esquemas de lavado de dinero u ocultar ganancias delictivas”.
“Este caso representa el compromiso permanente del Distrito Sur de Florida de combatir la corrupción extranjera y responsabilizar por sus delitos a quienes subvierten la integridad del sistema financiero estadounidense”, afirmó el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe. “Nuestra oficina seguirá colaborando con los Grupos de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado para identificar, desmantelar y procesar a quienes lavan dinero para facilitar la corrupción y llevar a cabo sus nefastos planes”.
Gorrín está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si es declarado culpable, Gorrín enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Gorrín, quien se encuentra prófugo en un caso por el que se le imputa un cargo separado, sigue prófugo.
El grupo de trabajo El Dorado de HSI Miami está investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades del Reino Unido, España, Suiza, Portugal y Malta brindaron asistencia.
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El abogado litigante Paul A. Hayden de la Sección de Fraude de la División Penal y la fiscal federal adjunta Nalina Sombuntham para el Distrito Sur de Florida están a cargo del caso. El fiscal federal adjunto Joshua Paster para el Distrito Sur de Florida está a cargo de la confiscación de activos.
Esta iniciativa forma parte de una operación de la Fuerza de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés). La OCDETF identifica, desbarata y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante un enfoque multiinstitucional, impulsado por la inteligencia y dirigido por fiscales.
La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero. Puede encontrar información adicional sobre las iniciativas de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act .
Comunicado de prensa – Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)
