El Fiscal General de Utah se une a demanda para detener el cambio de las normas sobre residencias de ancianos
Además de la coalición de 20 estados, también se están uniendo a la demanda las filiales de LeadingAge de 17 estados. LeadingAge es una organización con numerosos miembros pertenecientes a residencias de ancianos.
Utah.- El fiscal general de Utah, Sean D. Reyes, se unió a una coalición de 20 estados, encabezada por el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, la fiscal general de Iowa, Brenna Bird, y el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, en una demanda que busca detener la norma de los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) que costaría a los estados cientos de miles de dólares y dejaría a los hogares de ancianos fuera del negocio.
“Si bien la seguridad y la atención son siempre la primera prioridad en los hogares de ancianos, esta nueva norma impone mandatos de gran alcance que devastarán a las comunidades de Utah, en particular las rurales, al obligar a muchas de estas instalaciones esenciales a cerrar”, dijo el Fiscal General Sean D. Reyes.
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“El censo de 2020 mostró un crecimiento explosivo de la población de 65 años o más de Utah, lo que aumenta la necesidad de más centros de atención. La falta de enfermeras disponibles y el costo prohibitivo de la nueva norma hacen que el cumplimiento sea insostenible para todos, excepto para unos pocos. Este no es el momento para que el gran gobierno imponga políticas desfasadas a una de nuestras poblaciones más vulnerables”.
En la actualidad, el Congreso exige que los hogares de ancianos proporcionen ocho horas de personal continuo por día. La nueva norma aumentaría la norma de personal continuo a veinticuatro horas por día. También exige una proporción de personal de enfermería que el 97 % de los hogares de ancianos no cumpliría. Además, exige a los estados nuevos y onerosos requisitos de presentación de informes.
La coalición de fiscales generales argumenta que la nueva norma excede la autoridad de CMS y elude al Congreso.
“Esta norma final supone una amenaza existencial para la industria de los asilos de ancianos, ya que muchos de ellos que ya están pasando por dificultades no tendrán otra opción que cerrar. Y las principales víctimas serán los pacientes que no tengan otro lugar al que ir”, se lee en la denuncia. “…La norma final representa otro intento de la administración Biden-Harris de imponer sus preferencias políticas al resto del país, pero es monumentalmente costosa y casi imposible de cumplir”.
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Además de la coalición de 20 estados, también se están uniendo a la demanda las filiales de LeadingAge de 17 estados. LeadingAge es una organización con numerosos miembros pertenecientes a residencias de ancianos.
Al Procurador General Reyes y a los fiscales generales de Kansas, Iowa y Carolina del Sur, se unen en la coalición los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kentucky, Montana, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Virginia y Virginia Occidental.
