Senado de Utah avanza en la aprobación de Proyecto de Ley contra inmigrantes vinculados al crimen organizado
Con la aprobación preliminar en el Senado, la SB90 avanza en su proceso legislativo, quedando en manos de los senadores su aprobación final y posible implementación.
SALT LAKE CITY — Un proyecto de ley dirigido a inmigrantes en situación irregular que se sospecha están involucrados en el crimen organizado ha superado un primer obstáculo en el Senado de Utah. La iniciativa, conocida como SB90, fue aprobada por un comité del Senado y ahora será debatida en el pleno para su posible implementación.
La SB90, discutida el martes, forma parte de un paquete de medidas legislativas que buscan endurecer las penas para aquellos condenados por delitos de drogas, robo y otros crímenes en el estado. Su promotor, el senador republicano Calvin Musselman, afirmó que el objetivo principal de la ley es sancionar a individuos con antecedentes de reingreso ilegal a los Estados Unidos y que reincidan en delitos en Utah.
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“Lo que buscamos con esta legislación es establecer una sentencia de prisión obligatoria para quienes reinciden en este tipo de crímenes y han sido previamente deportados”, explicó Musselman. La iniciativa fue aprobada con cuatro votos a favor y dos en contra por el Comité Judicial, de Aplicación de la Ley y de Justicia Penal del Senado. Sin embargo, el senador Todd Weiler manifestó su preocupación sobre la imposición de sentencias obligatorias, señalando que prefiere un enfoque más flexible en la aplicación de la ley.
El endurecimiento de las penas para inmigrantes indocumentados también es el foco de otras iniciativas legislativas en Utah. La HB38 busca reducir de tres a dos el número de personas necesarias para tipificar ciertos delitos como crimen organizado, respondiendo a preocupaciones sobre la presunta presencia de la pandilla Tren de Aragua en el estado. La HB87, por otro lado, propone castigar el tráfico de más de 100 gramos de fentanilo con una condena de primer grado, mientras que la HB211 incrementaría la gravedad de los delitos cometidos por inmigrantes con antecedentes de reingreso ilegal.
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A pesar del respaldo de algunos sectores, la SB90 también ha generado críticas. Liz Maryon, del Salt Lake Community Bail Fund, calificó la medida como discriminatoria, argumentando que parte de una premisa racista sin pruebas sólidas. No obstante, otros grupos, como Comunidades Unidas, consideran que la versión modificada de la ley es un paso adecuado para abordar el problema de la reincidencia delictiva.
Con la aprobación preliminar en el Senado, la SB90 avanza en su proceso legislativo, quedando en manos de los senadores su aprobación final y posible implementación.
Con información de KSL
