EE. UU. intensifica sanciones y obliga a empresas a salir de Venezuela
Las sanciones de EE. UU. han sido un punto de controversia en la política internacional, con algunos sectores argumentando que profundizan la crisis humanitaria en Venezuela, mientras que otros defienden su aplicación como un mecanismo de presión para lograr cambios políticos en el país sudamericano.
Washington, D.C. – La administración del expresidente Donald Trump ha decidido reforzar su estrategia de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, exigiendo a más empresas extranjeras el cese de sus operaciones en Venezuela. La medida, que sigue a la reciente orden de suspensión de actividades impuesta a Chevron, afectará a compañías clave en el sector energético y de infraestructura, según reportó Bloomberg.
Fuentes cercanas al tema informaron que el gobierno estadounidense ha notificado a varias empresas, incluido el productor petrolero francés Etablissements Maurel & Prom SA y una compañía de asfalto vinculada al magnate Harry Sargeant, que deberán cesar sus operaciones en Venezuela en un plazo de 30 días. Esta acción se da en el marco de la anulación de exenciones que hasta ahora les permitían operar sin enfrentar sanciones estadounidenses.
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El impacto de esta decisión se sentirá en la ya golpeada economía venezolana, pues limitará aún más la capacidad del país para generar ingresos en sectores estratégicos. Además, representa un endurecimiento de la postura de Washington hacia Caracas, con el objetivo de presionar a Maduro para que implemente reformas democráticas y acepte la recepción de migrantes deportados desde Estados Unidos.
Una de las medidas más contundentes de esta nueva ofensiva fue la notificación del Departamento del Tesoro a Chevron, que le ordenó suspender sus operaciones en Venezuela antes del 3 de abril. Este plazo, significativamente más corto que el periodo habitual de seis meses para la liquidación de actividades, refleja la urgencia con la que la administración Trump busca aislar al régimen de Maduro.
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Las sanciones de EE. UU. han sido un punto de controversia en la política internacional, con algunos sectores argumentando que profundizan la crisis humanitaria en Venezuela, mientras que otros defienden su aplicación como un mecanismo de presión para lograr cambios políticos en el país sudamericano.
A medida que el plazo de 30 días se acerca, el futuro de estas empresas en Venezuela queda en la incertidumbre, al tiempo que se espera una respuesta por parte del gobierno de Maduro ante este nuevo escenario de restricciones económicas.
