Tensión por la deportación de venezolanos a El Salvador: Trump invoca el “privilegio de secretos de Estado”

Redacción Panas en Utah.- El gobierno del presidente Donald Trump ha invocado el “privilegio de secretos de Estado” para evitar proporcionar detalles a un juez federal sobre la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador. La medida, basada en una ley de guerra del siglo XVIII, ha desatado una disputa legal en torno a una posible desobediencia del Ejecutivo a órdenes judiciales, según reseñó Univision.

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“No se necesita más información para resolver ningún problema legal en este caso”, señalaron la fiscal general Pam Bondi y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia en un documento enviado al juez James Boasberg. Según el gobierno, revelar más detalles sobre los vuelos de deportación representaría un “peligro razonable para la seguridad nacional y los asuntos exteriores”.

El Departamento de Justicia ha rechazado las acusaciones de haber actuado en contra de órdenes judiciales, asegurando que el Ejecutivo cumplió con las normativas establecidas. Boasberg había solicitado información sobre la hora exacta en que los aviones despegaron y cuándo los deportados dejaron de estar bajo custodia estadounidense. Sin embargo, el gobierno argumentó que estos detalles son irrelevantes para el caso.

La disputa surge a raíz de la deportación de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con la que Trump calificó a la organización criminal Tren de Aragua como “fuerza invasora”. El 15 de marzo, dos aviones con migrantes fueron enviados a una megacárcel en El Salvador, un procedimiento que el juez Boasberg suspendió temporalmente al considerar que los deportados deben tener la oportunidad de impugnar su presunta pertenencia a la banda delictiva.

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El magistrado también criticó la falta de transparencia del gobierno, señalando que la orden ejecutiva fue publicada el 15 de marzo, apenas una hora antes de la audiencia judicial. Según Boasberg, la expulsión acelerada de extranjeros sin permitirles salir voluntariamente o presentar una impugnación es ilegal.

Trump ha respondido con duras críticas contra Boasberg, llegando incluso a solicitar su destitución. Sus declaraciones provocaron una inusual reacción del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien recordó que “el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo con una decisión judicial”.

Con información de Univision