El caso del venezolano Jesús Alberto Ríos Andrade, enviado a El Salvador como “terrorista”
El caso de Jesús Ríos ha encendido la alarma entre organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, en medio de un creciente debate sobre el uso de perfiles físicos como pruebas de afiliación criminal, y los vacíos legales que pueden derivar en deportaciones sin debido proceso.
Redacción Panas en Utah.- Un caso que ha generado controversia en Estados Unidos es el de Jesús Alberto Ríos Andrade, un migrante venezolano deportado a El Salvador bajo la categoría de “terrorista”, a pesar de encontrarse en pleno proceso de regularización migratoria. Su esposa, la estadounidense Angie González, denunció públicamente lo que considera una deportación injusta y arbitraria.
“Mi esposo no es pandillero, ni ha cometido delitos. Trabajaba desde joven en lo que podía: vendía frutas, limpiaba restaurantes, aprendió a cortar pelo… siempre ha sido trabajador”, expresó González al medio El Faro desde El Paso, Texas al referirse a Jesús Alberto Ríos Andrade.
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Ríos ingresó legalmente a Estados Unidos en julio de 2023 como solicitante de asilo. Aunque pensaba establecerse en Maryland, se quedó en Texas, donde conoció a Angie. La pareja contrajo matrimonio en septiembre de 2024 y desde entonces iniciaron trámites para su residencia, permiso de trabajo y estatus de protección temporal (TPS).
Sin embargo, el 1 de febrero de 2025, agentes de migración lo detuvieron en su vivienda. Según González, su esposo fue incluido en una lista de 238 venezolanos deportados a El Salvador bajo acusaciones de terrorismo, sin juicio ni derecho a la defensa. Ella sospecha que un tatuaje de rosa en su cuello fue el motivo principal de la detención, en una práctica que ya ha sido señalada por organismos de derechos humanos.
“El sistema le falló. Él tenía brazalete con GPS y se reportaba todos los días con foto. Cometió un error al faltar a una cita con el juez, pero eso no lo hace un criminal”, insistió González.
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El caso de Jesús Ríos ha encendido la alarma entre organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, en medio de un creciente debate sobre el uso de perfiles físicos como pruebas de afiliación criminal, y los vacíos legales que pueden derivar en deportaciones sin debido proceso.
Con información de Caraota Digital
