Doral se alinea con ICE: Polémico giro en la política migratoria local

Redacción Panas en Utah.- La ciudad de Doral, reconocida por su fuerte presencia de venezolanos en el condado de Miami-Dade, está a punto de dar un paso decisivo en la aplicación de la ley migratoria al considerar su adhesión al programa federal 287(g). Esta iniciativa permitiría que agentes locales asuman funciones migratorias limitadas, como la detención, interrogación y procesamiento de personas que se presuma han violado las leyes de inmigración.

Según reportes de Miami Herald, se espera que esta semana el Ayuntamiento de Doral apruebe formalmente el convenio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión no solo refleja una nueva postura del gobierno local en materia de inmigración, sino también su integración al enfoque nacional impulsado por la administración de Donald Trump, quien ha promovido medidas más severas en la materia.

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El contexto ha generado inquietud entre la comunidad migrante, especialmente venezolana, que ha sido foco de recientes restricciones federales. A través de órdenes ejecutivas y otras acciones, el gobierno ha revocado protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS), así como permisos de trabajo para miles de venezolanos. En algunos casos, incluso se ha denunciado la deportación sin el debido proceso legal.

Desde la alcaldía, funcionarios han intentado calmar las preocupaciones. El concejal Rafael Pineyro, único miembro del consejo de origen venezolano, aseguró que la medida no busca criminalizar ni discriminar a los inmigrantes. “La intención no es detener a nadie por su apariencia. Cumplimos con la ley, pero sin perder de vista el respeto a los derechos humanos”, expresó.

Pineyro, además, propuso hace semanas una resolución solicitando al presidente Trump una vía legal para los venezolanos que viven en EE.UU. de manera pacífica, al tiempo que el propio ayuntamiento respaldó la Ley de Ajuste Venezolano, un proyecto legislativo que podría abrir la puerta a la residencia legal para miles de personas.

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La posible incorporación de Doral al programa 287(g) la colocaría junto a otras ciudades del sur de Florida, como Hialeah y Miami Springs, donde ya se ha implementado la medida. Aunque la legislación estatal exige la participación de las agencias responsables de cárceles condales, el gobernador Ron DeSantis ha instado a que más cuerpos policiales municipales se sumen voluntariamente.

Así, Doral se posiciona en el centro de un debate crucial entre seguridad, leyes migratorias y derechos humanos en una de las comunidades más activas del exilio venezolano.

Con información de Miami Herald