Exjuez de Nuevo México bajo la lupa por presunto vínculo con el Tren de Aragua
Redacción Panas en Utah.- Una investigación federal sacudió al sistema judicial de Nuevo México tras el arresto del exjuez del condado de Doña Ana, Joel Cano, y su esposa, Nancy Cano. Ambos enfrentan cargos por presuntamente haber albergado en su residencia a Cristhian Ortega López, un joven de 23 años acusado de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, de origen venezolano.
La detención de Ortega López el 28 de febrero en Las Cruces marcó el inicio de una pesquisa que rápidamente escaló. Agentes federales descubrieron que el sospechoso vivía en la casa de los Cano, después de haber sido contratado por Nancy para trabajos de mantenimiento. Según las autoridades, Ortega López había ingresado de manera ilegal a Estados Unidos desde México en diciembre de 2023.
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Durante el operativo, los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) hallaron varias armas de fuego en la propiedad. Las investigaciones señalan que April Cano, hija del exjuez, facilitó algunas de ellas. Además, documentos judiciales revelaron que Ortega López mantenía comunicación con miembros del Tren de Aragua mediante redes sociales y portaba tatuajes asociados a la organización.
Este caso levantó alarmas sobre posibles nexos entre actores judiciales y redes criminales transnacionales. Joel Cano, quien se desempeñó como juez del Tribunal de Magistrados de Doña Ana desde 2011, renunció en marzo tras el escándalo. Sin embargo, la dimisión no detuvo el proceso legal ni mitigó el impacto en la imagen del sistema judicial estatal.
El Tribunal Supremo de Nuevo México ya había bloqueado cualquier posibilidad de que Cano regresara a la judicatura. Ahora, con su arresto confirmado y bajo custodia junto a su esposa, la controversia alcanza un nuevo nivel, generando cuestionamientos sobre la vigilancia institucional y la posible vulnerabilidad de las estructuras jurídicas frente a influencias externas.
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El Tren de Aragua, catalogado como una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina, amplió sus operaciones en distintos países de la región. La aparición de un presunto miembro en una casa vinculada a un exjuez reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar los controles en la frontera y dentro del aparato judicial.
Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de los vínculos entre la familia Cano y la organización criminal. El caso sigue en desarrollo.
Con información de Infobae
