El caso del adolescente autista abatido por la policía en Utah
El caso sigue bajo investigación y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las instituciones de acogida y el uso de la fuerza policial en situaciones de crisis.

Bluffdale, Utah – La trágica muerte de un adolescente autista de 16 años, quien fue abatido a tiros por la policía tras robar una camioneta del ejército de EE. UU., sigue generando controversia. Recientes órdenes judiciales revelan que empleados del hogar grupal donde residía mintieron sobre las circunstancias de su desaparición.
Inicialmente, la madre del joven recibió la información de que su hijo había desaparecido de una biblioteca en West Jordan antes del tiroteo. Sin embargo, tras descubrir que la historia era falsa, expresó su indignación en un mensaje a los administradores del centro de atención: “¿Quieren decirme que estaba desaparecido desde la mañana? ¡¿No había biblioteca?! ¡¡¡MI HIJO ESTÁ MUERTO!!!”.
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La Oficina del Fiscal General de Utah investiga las acusaciones de negligencia y de proporcionar información falsa a la policía. La orden judicial señala que el adolescente, identificado en documentos como MP, robó una camioneta de una estación de reclutamiento en noviembre de 2023. Un oficial fuera de servicio presenció el hecho y alertó al 911. La policía de South Jordan intentó detenerlo, pero el joven huyó. Posteriormente, atropelló a un motociclista y fue acorralado en un callejón sin salida. Al intentar evadir a los agentes, uno de ellos disparó al menos ocho veces. El adolescente salió del vehículo herido y falleció una hora después.
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El joven había sido trasladado al hogar residencial Future Rising Agency LLC un día antes del incidente. Documentos judiciales indican que la institución incumplió medidas de seguridad esenciales, como la instalación de alarmas y la supervisión constante, pese a su historial de fugas. Investigaciones revelan que, aunque un coordinador de apoyo advirtió sobre la falta de medidas de seguridad, el personal ignoró las recomendaciones.
El caso sigue bajo investigación y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las instituciones de acogida y el uso de la fuerza policial en situaciones de crisis.
Con información de KSL