El director de la Academia Española pide a los legisladores que usen un lenguaje claro

Madrid, 20 may (EFE).- Las leyes están en deuda con la lengua porque es responsabilidad de los legisladores que en ellas se utilice un lenguaje claro y que impongan la misma obligación a todos los poderes del Estado, apuntó este lunes el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado.

Explicó cómo el movimiento favorable al lenguaje claro, que surgió en la justicia, se ha extendido a todos los modos de expresión especializada y a todos los ámbitos en los que se desarrolla una relación con los ciudadanos.

Y se exige ahora lenguaje claro a la medicina, a los medios de comunicación, a empresas que presten servicios de interés general y en el consumo de bienes y servicios, como los medicamentos, alimentos, seguros o instrumentos de financiación bancaria, indicó al inaugurar en Madrid la primera convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, impulsada por la RAE.

Esta se constituyó en junio de 2022, en un acto en la Corte Suprema de Justicia de Chile, con el propósito de fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía y proponer soluciones para su implantación en todo el mundo hispanohablante.

Además, en la actualidad se han multiplicado las necesidades de información y claridad en los derechos individuales afectados por la revolución digital, como la protección de datos o la lucha contra sesgos lingüísticos por el auge de la inteligencia artificial, describió el director de la RAE, que preside la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale).

Como referencia general, en esta primera convención de la red se presentará la ‘Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible’, sin perjuicio de otras sectoriales que puedan prepararse con estas pautas.

Lenguaje comprensible necesario también en Hispanoamérica

En la inauguración intervino, asimismo, Elena Martínez Rosso, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay y secretaria permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Explicó cómo el lenguaje judicial suele caracterizarse por una especial complejidad e, incluso, ambigüedad, con aspectos negativos; por ejemplo, excesiva velocidad, redundancia, frases demasiado largas o fallos sintácticos que abocan a menudo a la confusión, según estableció la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.

Y ante la “confusión” en que muchas veces incurre el lenguaje judicial, es necesaria no solo la formación inicial desde las escuelas judiciales, sino que es conveniente también reforzar la de todos los jueces en activo, planteó.

Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, recalcó que el papel de esta convención “para fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos” y la necesidad de promover un consenso para que el lenguaje comprensible sea adoptado por los diferentes organismos en sus comunicaciones con los ciudadanos.

Más de 200 instituciones públicas y privadas de América, Filipinas, Guinea Ecuatorial y España se han unido ya a esta red a favor del lenguaje comprensible.

EFE